En enero de 2016, la Fiscalía formalizó a Raúl Fuentes por fraude reiterado al Fisco en el “Milicogate”. En otra causa, Fuentes está acusado de vender 488 facturas falsas a un empresario, con un perjuicio fiscal de $1.800 millones. Eso no ha cortado el millonario flujo de dineros que hasta hoy recibe Fuentes del Departamento de Transportes de Carabineros por la reparación de vehículos. En medio del fraude que remece a Carabineros, CIPER puso la lupa en los negocios de Fuentes con la institución: desde 2006 y a través de cuatro sociedades, se ha beneficiado con contratos por más de $3.100 millones
En Ciper Chile –public. 25/4/17
El fraude que remece
a Carabineros y que ya escala a los $16.500 millones, ha puesto el foco
en una unidad clave de la policía uniformada: la Dirección de Intendencia. La
investigación en curso está desnudando la existencia de una cofradía –que
podría llegar a 60 uniformados y civiles– concertada para delinquir. La cifra
de este mega fraude supera tres veces los ilícitos cometidos por miembros del
Ejército con los fondos de la Ley Reservada del Cobre (“Milicogate”),
convirtiéndose así en uno de los mayores desfalcos a una institución pública en
la historia reciente de Chile.
Si
se contrasta la cuantiosa cifra del desfalco con los millonarios fondos que
recibe anualmente Carabineros vía Ley de Presupuestos, el ilícito adquiere otra
dimensión. Porque esos $16.500 millones representan menos del 1,6%
del total de los dineros aprobados por Hacienda para la institución en 2017
(más de un billón de pesos). En la última década las platas que el Fisco
entrega a Carabineros se triplicaron y fue en ese océano de dineros que el robo
de los hasta ahora $16.500 millones se licuó sin que nadie le pusiera freno.
Lo
grave es que, en paralelo al aumento explosivo del presupuesto de Carabineros,
también crecieron las evidencias de la falta de controles y del desorden
administrativo en el manejo de los fondos institucionales. De ello dan cuenta
las más de 40 alertas, principalmente de la Contraloría General de la
República, que advirtieron de múltiples irregularidades en distintas unidades
de la policía uniformada (ver reportaje de CIPER).
Protagonista
de esos informes de Contraloría ha sido la Dirección Nacional de Logística y,
en particular el L3, como se conoce al Departamento de Transportes de
Carabineros, unidad que maneja un presupuesto anual superior a los $7.600
millones para la reparación y mantención de los casi 10 mil vehículos
–patrullas, furgones, carros blindados, lanza agua y buses, entre otros– de la
institución.
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